Por los adelantos no devueltos de hasta €880 millones.
El gestor del Canal ha iniciado en un tribunal de Londres el proceso de ejecución por los adelantos no devueltos de hasta 880 millones concedidos a las constructoras.
Lejos de calmarse las aguas, la tormenta entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Sacyr por las obras de ampliación de la infraestructura fluvial arrecia día tras día.
El último acto considerado hostil ha sido el inicio del proceso de cobro de los adelantos por 320 millones de dólares (300 millones de euros) que Panamá concedió al consorcio constructor para acabar las obras, al considerar que la compañía española y sus socios —la italiana Impreglio y la belga Jan de Nul— no han presentado los avales necesarios para garantizar los pagos.
Según han confirmado fuentes oficiales, la ACP considera que Sacyr ha incumplido la obligación de cancelar antes del pasado 31 de diciembre el adelanto de compuertas-segundo, cuyo abono se encuentra cubierto con una fianza de pago. Para la ACP, “Grupo Unidos por el Canal [GUPC] no cumplió con la cancelación oportuna de dicho adelanto”, aseguran desde el país centroamericano, por lo que el 6 de enero inició la ejecución de dicha fianza y requirió al avalista el abono de la deuda.
Según el contrato, el consorcio constructor debía haber presentado cartas de créditos de bancos que sustituyeran a garantías corporativas de Sacyr e Impreglio, de menor valor, para garantizar el anticipo de 320 millones de dólares que la ACP le dio en 2014 para agilizar la finalización de las obras, tras el conflicto que llegó a paralizar los trabajos de ampliación de la tercera esclusa. Pero GUPC no las puso encima de la mesa antes del 16 de noviembre de 2016, como estaba establecido, por lo que automáticamente se activaba la obligación de devolver esa cantidad de dinero entre el 31 de diciembre y el 1 de enero de este año.