A pesar de las propuestas para destrabar la deuda del Estado con las empresas contratistas, no se registran avances concretos en la reglamentación del mecanismo financiero previsto para saldar los pagos pendientes. Hasta la fecha, ni los gremios de la construcción ni las entidades bancarias han sido convocados para coordinar la implementación de esta herramienta, lo que mantiene en incertidumbre la continuidad de diversos proyectos de infraestructura.
El mecanismo financiero propuesto
La solución planteada consiste en una triangulación financiera donde los bancos adelantarían a las constructoras el pago de los certificados de obra. Posteriormente, el Estado cancelaría dicha deuda directamente con las entidades bancarias en un plazo estimado de tres años. Según explicó el ingeniero Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), este esquema permitiría que las empresas reciban liquidez inmediata para mantener el ritmo de trabajo.
Una de las ventajas principales de esta propuesta es que, al formalizarse como deuda soberana, la tasa de interés resultante sería considerablemente inferior a la que las firmas privadas deben afrontar actualmente de manera individual. Sin embargo, la falta de una hoja de ruta administrativa impide que el sistema entre en vigor.
Impacto en la ejecución de proyectos
La crisis financiera ha comenzado a generar efectos directos en el terreno. De acuerdo con informes del sector, al menos siete proyectos de infraestructura ya han solicitado la suspensión temporal de actividades debido a la imposibilidad de cobro. Otras obras continúan operando, pero a un ritmo reducido, limitando el uso de equipos, frentes de trabajo y personal para ajustar los costos a la falta de flujo de caja.
Las empresas advierten que la situación es crítica, ya que muchas han agotado sus líneas de crédito tanto con proveedores de materiales como con el sistema financiero. “Hay empresas con décadas de trayectoria que hoy están entrando en convocatoria de acreedores”, señaló el titular de Cavialpa, subrayando que la problemática afecta a miles de trabajadores y prestadores de servicios vinculados a la cadena productiva.
Gestiones y presupuesto para 2026
Los gremios de la construcción se encuentran elaborando un informe técnico para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con el fin de detallar las necesidades presupuestarias reales del sector. El objetivo es que el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2026 se ajuste a la cantidad de obras actualmente en ejecución para evitar que el déficit de pagos se profundice.
Si bien se reconoce que existen gestiones activas por parte de la cartera de Obras Públicas ante el Ministerio de Economía y el Congreso, los empresarios insisten en que no existe una solución de corto plazo. La falta de definiciones sobre el mecanismo de pago amenaza con paralizar de forma definitiva obras estratégicas en distintos puntos del país en los próximos meses.
