La plenaria de la Cámara de Diputados aceptó las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores y sancionó el proyecto de ley “De validez digital de los documentos de portación obligatoria”.
Este proyecto tiene el objetivo de validar el formato digital de las documentaciones de portación obligatoria, como la cédula de identidad, emitida por el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional; la cédula verde vehicular, emitida por la Dirección del Registro de Automotores, dependiente de la Corte Suprema de Justicia; licencia de conducir vehicular y habilitación vehicular, emitidas por cada uno de los municipios.
En esencia, permitirá que el ciudadano pueda valerse de su smartphone (teléfono inteligente), a la hora de ser requerido por las autoridades pertinentes, para la presentación de sus respectivos documentos.
El titular de la Comisión de Legislación y Codificación, diputado Jorge A. Mariño (PLRA-Paraguarí), al momento de abogar para la aprobación del documento, en la versión de la Cámara de Senadores, dijo que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), que tendrá un plazo de dos años para la implementación del proyecto.
Mencionó que la Cámara de Senadores introdujo algunas modificaciones en donde se establecen, entre otros, que cada institución que expida los citados documentos personales, tendrá la obligación de suministrar a la autoridad de aplicación (MITIC), todos datos contenidos para la publicación en las plataformas oficiales y seguras del gobierno.
Acotó que también se estipuló la creación y desarrollo de plataformas web y móvil gratuitos para el ciudadano con la opción de pago en línea de aranceles correspondientes”, expresó.
Es importante resaltar que el objetivo es lograr una disminución gradual en el uso de papel, impresoras, insumos de mantenimiento y otros. A su vez, la intención es introducir sistemas tecnológicos que aportarán eficiencia, transparencia y seguridad a la gestión pública.
Tras su tratamiento, se dispuso que el proyecto de ley sea remitido al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación o veto
