Distanciándose de involucrados en investigación Lava Jato.
El Gobierno brasileño está dando los últimos toques a un decreto para cambiar los requisitos para contratos de vialidad en una medida que podría generar miles de millones en inversiones de infraestructura, según la edición dominical del periódico O Estado de Sao Paulo.
El plan del Gobierno, diseñado para evitar una cancelación y nueva licitación para las licencias, introducirá una enmienda en contratos existentes, dándole más tiempos a los inversores para extender las carreteras que operan bajo los términos de sus concesiones, dijo el diario, citando fuentes anónimas.
Sin embargo, las nuevas reglas solo beneficiarían a las compañías que se aparten de socios involucrados en la investigación Lava Jato sobre corrupción, en un intento por atraer nuevo dinero y operadores, dijo O Estado.
La falta de financiamiento y una intrincada serie de requisitos legales concernientes a los actuales contratos están retrasando más de US$ 9,550 millones en inversiones en vialidad, añadió O Estado.
Unos 10,000 kilómetros de rutas federales operan bajo concesión, incluyendo partes de la carretera BR-163, un corredor clave para mover granos producidos en Mato Grosso destinados a exportación.
