Alternativas para el bolsillo

“Carpooling”: la amenaza que atenta contra el futuro de las estaciones de servicio

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El uso compartido del automóvil es una opción que crece en todo el mundo. En Francia inclusive, las empresas obtendrán beneficios impositivos por promover esta modalidad entre sus empleados.

La intención es reducir el consumo de combustibles por su impacto medioambiental.
El “Carpool o Carpooling” es una práctica que consiste en compartir un automóvil con otras personas tanto para viajes periódicos como para trayectos puntuales. Con esta modalidad se pretende reducir la congestión de tránsito en las grandes ciudades así como facilitar los desplazamientos a personas que no dispongan de coche propio. Además, supone una notable disminución de emisiones de CO2, al reducir el número de vehículos en las rutas. A su vez, favorece las relaciones sociales entre quienes realizan los mismos recorridos.
Esta usanza en pos de reducir el consumo energético también incluye otras soluciones como la bicicleta o el transporte público, medidas que a su vez son impulsadas por los gobiernos en la búsqueda de lograr reducir la dependencia del petróleo.
Uno de los casos más emblemáticos es Francia. Su principal autoridad, François Hollande ha recibido este martes la luz verde de la Asamblea Nacional a su ambicioso proyecto de Transición Energética que promete convertir a la nación gala en la campeona europea de la ecología. La iniciativa incluye artículos promocionales como los de facilitar a las empresas que abonen dinero a sus empleados por utilizar la bicicleta para acudir al trabajo. A cambio verán reducidas sus cargas sociales.
Esta guerra abierta contra las estaciones de servicio tradicionales incluye además siete millones de enchufes que se van a instalar (ahora solo hay 10.000) de aquí a 2030 para recarga de autos eléctricos. Asimismo, la flota estatal debe ir renovándose con este tipo de vehículos en una proporción de uno de cada dos nuevos que compre y las empresas de transportes, en uno de cada diez.
La ley, que ha sido aprobada por amplia mayoría, prevé aumentar las fuentes renovables hasta la mitad del total, reducir el uso de combustibles fósiles en un 30 por ciento en quince años, renovar los edificios para ahorrar energía y reducir considerablemente los deshechos para 2025.
Tras varios años de trabajo en este asunto, el Gobierno ha comprobado que los hogares franceses gastan demasiado en calentarse. Para reducir la factura que ello conlleva, la ley aprobada prevé también importantes ayudas a los más modestos con el llamado cheque-energía, para renovar los edificios. El proyecto es aumentar la eficiencia de 500.000 edificios cada año a partir de 2017. La intención es que todos los edificios de Francia hayan quedado renovados para 2050. A las ayudas se añadirán beneficios fiscales y préstamos baratos para lograr tal objetivo.
El Senado tiene ahora que validar la ley aprobada, pero lo hará en una sola lectura y después la Asamblea le dará luz verde por procedimiento abreviado. El principal escollo que los críticos ven en este proyecto es su costo: 10.000 millones de euros en tres años. Como contrapartida, la nueva economía verde va a generar 100.000 nuevos empleos, además de reducir la factura energética.

 

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