Las principales organizaciones del sector de infraestructura en Paraguay han emitido un pronunciamiento conjunto para advertir sobre la gravedad de la crisis financiera que atraviesan las empresas contratistas. La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y la Cámara Paraguaya de Consultores calificaron la situación como “insostenible”, señalando que los retrasos en los pagos estatales han llevado a numerosas firmas a una condición de quiebra técnica.
Desajuste financiero y déficit proyectado
De acuerdo con el diagnóstico de los gremios, el sector enfrenta un descalce financiero profundo para el ejercicio 2026. Se estima que el presupuesto aprobado para dicho año es de USD 570 millones, una cifra insuficiente frente a la deuda acumulada e intereses que ascienden a USD 360 millones. Si se suman los compromisos de obras proyectadas para 2026, calculados en USD 800 millones, el déficit real estimado para el sector alcanza los USD 590 millones.
Las organizaciones sostienen que los desembolsos parciales realizados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y otras instituciones no cubren siquiera los costos financieros que las empresas han asumido para sostener los proyectos. En este contexto, denuncian que el Estado se está financiando a costa de las constructoras, lo que deteriora la cadena de pagos, afecta a proveedores y destruye el empleo formal.
Impacto en la seguridad jurídica y el grado de inversión
El sector advierte que el incumplimiento de las obligaciones internas constituye una forma de “default selectivo” que emite señales negativas a los inversores internacionales. Los gremios subrayan que la reputación económica del país no depende solo de los indicadores macroeconómicos o del grado de inversión, sino también de la previsibilidad institucional y el cumplimiento de los contratos.
Asimismo, cuestionaron que se intente alcanzar la meta de déficit fiscal del 1,5% para 2026 trasladando el costo de financiamiento a los proveedores. Según el comunicado, las metas fiscales deben lograrse mediante la eficiencia del gasto público y no convirtiendo a las empresas de infraestructura en financistas involuntarios del Estado, lo que debilita las bases del crecimiento económico y la calidad de la infraestructura disponible.
Medidas urgentes propuestas por el sector
Ante la inminencia de una paralización masiva de proyectos estratégicos, las gremiales proponen una serie de acciones inmediatas:
- Uso de convenios internacionales: Utilizar de manera prioritaria los recursos de préstamos externos para cancelar deudas en los proyectos correspondientes.
- Ampliación presupuestaria: Ajustar el Presupuesto General de la Nación 2026 a las necesidades reales del sector para garantizar el cumplimiento de los contratos firmados.
- Priorización de la deuda interna: Atender los compromisos con los proveedores locales con la misma urgencia y prioridad que la deuda externa para evitar la quiebra de la industria nacional.
Finalmente, las organizaciones recalcaron que la seguridad jurídica y el desarrollo del país dependen de que el Estado honre sus compromisos institucionales sin dilaciones, evitando comprometer la sostenibilidad de un sector clave para el Producto Interno Bruto (PIB).
